SE MODIFICA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
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El día 13 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
La técnica legislativa seguida en este caso deja mucho que desear ya que, una vez más, el legislador ha usado una ley para modificar una veintena de normas, entre otras el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Asimismo, coincido con ciertos colectivos y partidos políticos que han tildado la ley de «poco ambiciosa».
De su articulado destacaría la regulación que se hace del derecho del menor a ser «oído y escuchado» en los procedimientos en los que pueda verse inmerso –administrativo, judicial o de mediación–. Está muy bien que la propia ley haga esa distinción entre «oído» y «escuchado» porque en mi opinión a los menores muchas veces se les oye pero pocas se les escucha. En todo caso no es un derecho absoluto, ya que se podrá denegar la comparecencia o audiencia del menor, por lo tanto, seguiremos como estamos.
Sin embargo, una de las modificaciones más importantes la introduce en la Disposición Final Tercera, que modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y cuyo tenor literal dice así:
«La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue:
«2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61, que queda redactado como sigue:
«2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.»
Tres. Se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue:
«Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores.
El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.»
Cuatro. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue:
«Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores.
El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.»
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